Hoy, entre los bienes que están destinados universalmente a todos, debemos incluir también las nuevas formas de propiedad: patentes, algoritmos, plataformas digitales, infraestructuras tecnológicas, datos.
Aporte doctrinal explícito del Cap. II: 'hoy debemos incluir también las nuevas formas de propiedad: patentes, algoritmos, plataformas digitales, infraestructuras tecnológicas, datos' entre los bienes destinados universalmente a todos. La concentración de estos bienes 'en las manos de unos pocos' crea un nuevo desequilibrio que contradice el destino universal de los bienes y alimenta 'la brecha entre incluidos y excluidos'. El cuidado de la Casa común exige regulación que evite 'despilfarros y nuevas formas de estafa'.
Este es uno de los pasajes más originales y políticamente fuertes de toda la encíclica. La inclusión explícita de patentes, algoritmos, plataformas digitales, infraestructuras tecnológicas y datos dentro del 'destino universal de los bienes' es un acto doctrinal de gran alcance — extiende un principio formulado para la tierra y el agua a los bienes que definen la economía contemporánea. La consecuencia operacional es radical: la concentración monopolística de estos bienes no es solo un problema regulatorio (antitrust), sino una violación de un principio fundamental de la DSI. La encíclica conecta así con el debate técnico sobre commons digitales, open source, datos como bienes comunes, regulación de plataformas — y lo eleva al nivel de doctrina.
Conexiones con literatura técnica y de gobernanza: Yochai Benkler (Wealth of Networks, commons digitales), Lawrence Lessig (The Future of Ideas, dominio público), Elinor Ostrom (gobernanza de commons, Nobel 2009), Carlota Perez (revoluciones tecnológicas). Marcos contemporáneos relevantes: Data Governance Act y Data Act europeos sobre datos como bienes comunes regulados; Open Source AI Definition de OSI; CARE Principles para datos indígenas; movimientos por knowledge commons y digital public infrastructure. La encíclica no prescribe un modelo específico, pero su criterio doctrinal (destino universal aplicado a estos bienes) respalda éticamente todos los esfuerzos por democratizar el acceso a infraestructura digital.