El control de las plataformas, las infraestructuras, los datos y la capacidad de cálculo no es prerrogativa de los estados, sino de grandes actores económicos y tecnológicos.
Tesis política central del bloque. El Papa identifica que el poder tecnológico actual no reside en los Estados sino en actores privados transnacionales —grandes plataformas, hyperscalers— que determinan condiciones de acceso, reglas de visibilidad y posibilidades de participación. Cuando ese poder se concentra, se vuelve opaco y elude el control público, generando dependencias, exclusiones, manipulaciones y desigualdades.
Es uno de los diagnósticos más afilados de la encíclica porque invierte el marco clásico de soberanía: no son los Estados los que regulan a las empresas, sino las empresas las que de facto regulan a los Estados (sus términos de servicio, sus algoritmos, su decisión de en qué jurisdicciones operar). La consecuencia política implícita es que los marcos regulatorios nacionales —incluso los más ambiciosos como el AI Act— operan en condiciones de asimetría estructural respecto a actores que pueden moverse, fragmentarse y reorganizarse más rápido que cualquier legislación.
Diagnóstico empíricamente sustentado. Hoy ~5 empresas (OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Meta, xAI) controlan la frontera de modelos generalistas; 3 hyperscalers (AWS, Azure, GCP) controlan el cómputo a escala; un puñado de fabricantes (NVIDIA en chips, TSMC en fabricación) controlan el hardware. El AI Act europeo, la derogación de la EO de Biden por Trump, y el patchwork de leyes estatales en EE.UU. evidencian exactamente la brecha entre soberanía estatal y poder corporativo que el párrafo nombra. La literatura académica sobre 'plataform power' (van Dijck, Zuboff, Khan) llega a conclusiones similares.