Recorrido histórico breve: desde León XIII, la Iglesia insiste en que persona y familia no deben ser absorbidas por el Estado. Juan Pablo II profundizó: el Estado debe velar por el bien común 'interviniendo cuando sea necesario, pero sin sustituir de manera permanente la responsabilidad de los cuerpos intermedios'. Aclaración crucial: 'la subsidiariedad no justifica el desinterés del Estado, sino que orienta su acción' — la intervención pública 'se requiere precisamente para permitir que todos los sujetos sociales desarrollen su misión'.