Es necesario oponerse, con decisiones públicas de largo alcance, a los intereses inmediatos de las plataformas —concentradas en pocas manos— cuando estos entran en conflicto con el bien de los menores.
Los padres no pueden resistir solos a modelos de negocio que monetizan atención. Pide alianza política-educación-familia y oposición pública a los intereses inmediatos de las plataformas concentradas. Propone intervenciones legislativas concretas: límites de edad, responsabilizar a proveedores sin descargar el peso en familias, protecciones específicas contra explotación sexual.
Particularmente importante el principio: 'sin descargar sobre las familias el peso de la limitación'. El modelo actual de muchas plataformas hace responsable al padre/madre individual de gestionar configuraciones, controles parentales, conversaciones difíciles — mientras la plataforma se beneficia del modelo de negocio que crea el problema. La encíclica reclama trasladar la responsabilidad al proveedor, no al usuario individual.